¿Trabajar menos? Trabajar mejor
Cecilia Cifuentes Directora Centro de Estudios Financieros ESE Business School
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Cecilia Cifuentes
En marzo de 2017 un grupo de diputados del Partido Comunista ingresó un proyecto de ley para reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales, lo que no podía implicar ningún ajuste en la remuneración. Es decir, trabajar menos y ganar lo mismo, lo cual obviamente les anotó puntos en términos de popularidad. ¿A quién puede parecerle mal algo como eso?
La justificación que dan para esta propuesta es que los países más ricos trabajan menos, pero producen mucho más, por lo que deberíamos seguir sus pasos. Si fuera tan fácil, ¿por qué no reducir la jornada hasta 29 horas, como Holanda? A lo mejor llegamos rápidamente al mismo nivel de productividad laboral por hora que ellos, de US$ 72,4, en vez de los US$ 29 que tenemos. De hecho, si queremos llegar a tener la productividad por hora de Holanda, a través sólo de reducir horas trabajadas, deberíamos trabajar 17 horas a la semana, ya que de acuerdo con lo postulado por los diputados comunistas, la reducción de horas no afecta la productividad.
¡Trabajaríamos menos que los holandeses con su misma productividad! Por supuesto, eso no es así, y aunque es cierto que los países más productivos tienen jornadas inferiores a la nuestra, el problema de ese grupo de parlamentarios es que están confundiendo relación con causalidad. Bajar las horas trabajas no implica aumentos de productividad, la relación de causalidad es la inversa: al ser más productivos, nos podemos dar el lujo de trabajar menos. De hecho, ese fenómeno se ha ido dando en Chile; en la última década las horas promedio efectivas a la semana han caído de 43,7 a 40, sin proyectos de ley de por medio, sino como resultado del desarrollo económico.
¿Cuáles serían los efectos esperados de una reducción tan pronunciada de la jornada, que no implica ningún compromiso de los trabajadores a cambio? Aun cuando se diera un leve aumento de productividad debido a trabajadores más felices, es imposible compensar una caída de 11% de las horas trabajadas, lo que implica un mayor costo de producción para las empresas. Esto lleva a una pérdida de competitividad, que en algunos casos destruye producción y empleo, y en otros genera aumentos de precios de los bienes y servicios para compensar los mayores costos. Una medida de este tipo favorece también en forma artificial la automatización, por lo que en definitiva la ganancia de corto plazo para los trabajadores termina por esfumarse. No es sorprendente, hemos visto muchas veces que aquellos que dicen representar a los trabajadores tienen un sesgo evidente hacia políticas que son “pan para hoy y hambre para mañana”.
Sin embargo, a pesar de que desde el punto de vista técnico el rechazo a la propuesta ha sido bastante amplio, ésta ya se aprobó en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. ¿Es preocupante? No debería serlo mientras sigamos siendo un país serio, ya que el proyecto de ley en cuestión tiene vicios evidentes de constitucionalidad. Reducir las horas trabajadas, sin que se puedan ajustar las remuneraciones, genera un costo para el Fisco, ya que deberá suplir el trabajo que no se pueda realizar. Sabiamente, a mi juicio, la Constitución impide la iniciativa parlamentaria en materias que generan costo fiscal.
No se trata tampoco de impedir mejoras en la situación de los trabajadores, y de hecho, el proyecto de flexibilidad laboral del gobierno contiene materias importantes en esa dirección. Es de esperar que nuestros parlamentarios privilegien las mejoras laborales sustentables y no su popularidad en el corto plazo.